El botín de Guaidó: 116 000 millones de dólares

The Washington Post destapó la olla al afirmar que Juan Guaidó se contactó con dos empresarios en Miami para conseguir efectivo rapiñando bienes de todos los venezolanos. En Venezuela, las denuncias respecto al tema han sido ampliamente difundidas por Jorge Rodríguez, quien fungió como ministro para la Comunicación y la Información en el país; la investigación del Post profundiza en los detalles.

Los empresarios Jorge Reyes y Pedro Antar, que identificaron hasta $ 40 mil millones en activos de PDVSA en todo el Caribe, fueron los elegidos para ejecutar un entramado para el cual Guaidó en persona, según declaró Reyes a The Washington Post, los llamó en abril de 2019. Se reunieron más de una docena de veces con altos miembros de la oposición respaldada por Estados Unidos y sus agentes.

Grande fue la sorpresa de Reyes y Antar cuando vieron que las demandas para hacer negocios con Guaidó habrían incluido un pago por adelantado de 750.000 dólares a una compañía de Florida que, según registros estatales, es copropiedad de Magin Blasi, hermano de un alto funcionario de la embajada venezolana controlada por el diputado en Washington. Esa empresa también se convertiría en su socio, estipulaba la carta, compartiendo la comisión del 18 % que los hombres habían negociado con los funcionarios de Guaidó.

A lo largo de esta trama veremos como los viejos nombres de la política opositora venezolana se repiten o aparecen como muertos vivos en tramas de corrupción. Javier Troconis, enviado de Guaidó, dijo que fue presentado a Reyes y Antar por el miembro de la Asamblea Nacional Carlos Prosperi, líder de uno de los cuatro principales partidos de oposición que respaldaron a Guaidó, en diciembre de 2019. El coequiper de Guaidó dijo también que Magin Blasi también estuvo presente en la reunión. Blasi es hermano de Fernando Blasi, el jefe de la sección comercial de la embajada venezolana controlada por Guaidó en Washington.

Hay para todos: Lo que dice el Washington Post

Si ampliamos la investigación del Post veremos que se revelan además, múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis y que habrían requerido pagos grandes e inusuales. Incluyen un contrato prospectivo con el gobierno de Paraguay con una comisión de $ 26 millones a pagar a terceros.

Según consta en dos borradores del contrato no ejecutado obtenidos por The Post, el acuerdo habría condonado la mitad de la deuda de 269 millones de dólares que Paraguay acepta que le debe a Venezuela. (Venezuela calcula la cifra en 290 millones de dólares).

En este caso, se habría pagado lo que José Ignacio Hernández, ex fiscal general de Guaidó, llamó una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino llamado Sebastián Vidal. En el segundo borrador del contrato, se indica que Vidal habría recibido el 20 por ciento del acuerdo, o más de 26 millones de dólares.

Los detalles de la trama son abundantes: Javier Troconis dijo que envió una carta al abogado Sebastián Vidal en enero de 2020 poniendo fin a las negociaciones porque había concluido que «no era un buen negocio». A lo que Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, sostuvo que Guaidó le pidió al gobierno paraguayo en marzo que enviara la propuesta a Hernández para su revisión.

Una vez recibido el contrato en marzo, José Ignacio Hernández respondió a a los paraguayos que no era legalmente válido y que no sería aceptado. Hernández renunció como fiscal general de Guaidó ese mes.

Otro acuerdo propuesto, para recuperar activos en un banco británico, arrojó la existencia de un contrato que Javier Troconis firmó con un bufete de abogados del sur de Florida para recuperar una cuenta en Gran Bretaña que contenía casi $ 1.7 mil millones del Ministerio de Alimentación de Venezuela.